Las Lic. Gisela Encina y Lic. Liliana Almiron han participado en representación de CPPM, de la primer reunión de Consejo Consultivo de la Comisión Anti Tortura.
Modificar el sistema de requisas, mejorar las condiciones de habitabilidad, revisar la situación de los niños y acelerar los procesos judiciales fueron algunos de los puntos planteados en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que ha sesionado por primera vez. Presidida por Rita Núñez, la reunión en la Cámara de Representantes representó un verdadero debate donde se expusieron diversos puntos de vista sobre un mismo tema: la situación en las cárceles de Misiones.
En primera instancia, los integrantes de la comisión dieron a conocer el trabajo que realizaron centrado en visitas a centros de detención y entrevistas a los internos que derivaron en al menos trece presentaciones judiciales por malos tratos. Todo esto, sumado a datos atinentes a la precariedad del lugar y las condiciones de inferioridad a la que están sometidos muchas veces los presos, fueron detallados en un informe elaborado por la comisión y entregado a los organismos que trabajan en conjunto, para constituir el último paso para la conformación definitiva del sistema de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanas o degradantes
Uno de los puntos fue la posibilidad de modificar las normativas y conformar un reglamento unificado por el que se deberían regir las requisas en las dependencias carcelarias. Si bien, en la comisión coincidieron en que representa un medio necesario para evitar que las personas privadas de libertad tengan acceso a artículos o sustancias peligrosas, indicaron que cuando son llevadas a cabo de forma discriminatoria y degradante, vulnera ciertos derechos.
El Lic. Nicolás Andorno del Centro Integral de Salud Mental y Acompañamiento Terapéutico (Cismat), indicó que hay siete acompañantes terapéuticos que trabajan con los internos. “Debe ser un trabajo de articulación, no de tirar piedras contra nadie. Hay que generar espacios de pensamiento”, dijo.
La diputada María Losada hizo hincapié en el estado de situación de los niños y niñas que se encuentran privados de libertad, en condiciones similares a la de los adultos. Principalmente se refirió a la Unidad Penal IV conocida como correccional de menores. Manifestó que, de por sí, no debería llevar ese nombre a raíz de que el objetivo es la reinserción de los chicos a la sociedad.
En ese ámbito, desde la Asociación Pensamiento Penal señalaron que “son muchas las falencias sistemáticas en cuanto a los niños, cada uno debería tener un asesor cautelar. Con los chicos no podemos tener el mismo trato con que los adultos, no sólo se debe cambiar el nombre sino la estructura, porque esos pabellones comunes en los que están provocan vejaciones, ataques sexuales. No hace falta mucho presupuesto para cambiar esto, sólo un poco de imaginación”.
Desde el Colegio de Psicólogos se indicó que los niños deben tener apoyo terapéutico, ya que esas situaciones dejan lesiones psíquicas gravísimas en los niños, como también se planteó la importancia de la capacitación de las personas que tratan con los niños.
El accionar de la Justicia también estuvo en la mira de los presentes en la reunión. La demora en los casos, la cantidad de detenidos sin juicio y el encajonamiento de denuncias realizadas por internos fueron algunos de los planteos. El abogado Eduardo Paredes criticó la ausencia de ministros del Superior Tribunal de Justicia en el encuentro.
El presidente del Colegio de Abogados, Ernesto Báez, propuso la opción de que la comisión controle la tarea de los magistrados en etapa de ejecución penal.
“Los jueces sólo se controlan por sus propios pares. Cuando llega una denuncia a un juez es una tarea casi imposible obtener documentación para avanzar, el Poder Judicial debe ser controlado por organismos externos también”, determinó.